El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar afirmó que el combate al huachicol fiscal debe mantenerse como una prioridad de la política hacendaria y aduanera del país, ante las pérdidas que genera para la Hacienda pública y las ventajas ilegales que obtienen las redes dedicadas al contrabando y la evasión
El legislador adelantó que presentará una nueva legislación en materia de robo y contrabando de combustibles, con el objetivo de fortalecer las herramientas del Estado para prevenir, investigar y sancionar estas conductas.
La propuesta, señaló, buscará atender toda la cadena que permite que el combustible ilegal llegue al mercado, incluyendo no sólo a quienes lo introducen ilegalmente al país, sino también a quienes lo compran, distribuyen o se benefician de su comercialización.
“México necesita una estrategia integral. No basta con detener al que introduce ilegalmente el combustible; tenemos que voltear también hacia quienes lo compran, lo distribuyen y se benefician de él”, afirmó.
Ramírez Cuéllar indicó que entre los principales compradores que deberán estar bajo una mayor supervisión se encuentran gasolineras, empresas mineras, contratistas de obra pública y grandes líneas de transporte, entre otros sectores que utilizan importantes volúmenes de combustible.
Por ello, planteó reforzar los mecanismos de supervisión, trazabilidad y comprobación del origen legal de los combustibles adquiridos y comercializados.
Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las aduanas mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, sistemas de marcaje químico y mecanismos de trazabilidad, que permitan identificar el origen, composición y recorrido comercial de los combustibles.
El diputado consideró indispensable acompañar estas acciones con una estrategia anticorrupción para identificar y desarticular posibles redes de complicidad, además de fortalecer la fiscalización y la coordinación entre las autoridades hacendarias, aduaneras, fiscales y de seguridad.
También planteó revisar el marco jurídico en materia de extinción de dominio, con el propósito de fortalecer las herramientas del Estado frente a bienes y recursos vinculados con actividades ilícitas cuando existan elementos que acrediten su relación con estas redes.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el combate al huachicol fiscal debe alcanzar a quienes introducen ilegalmente los combustibles, quienes los financian, los comercializan y quienes los adquieren con conocimiento de su origen ilícito.
“El fortalecimiento de las aduanas no sólo es un asunto de recaudación. Es una política de justicia económica que permite proteger a las empresas que cumplen con la ley, combatir prácticas ilegales y asegurar que los recursos públicos se destinen a las prioridades nacionales”, sostuvo.
Finalmente, señaló que la nueva legislación deberá articular modernización aduanera, fiscalización, trazabilidad, marcaje de combustibles, combate a la corrupción y un marco jurídico sólido, con el objetivo de cerrar espacios al huachicol fiscal y fortalecer la Hacienda pública.
“Vamos a combatir este fenómeno desde el origen hasta el destino. Se trata de recuperar recursos para el Estado, proteger a quienes cumplen con la ley y evitar que el robo de combustibles siga convirtiéndose en un negocio para redes delincuenciales”, concluyó.