Las Torres de Satélite, son uno de los símbolos urbanos más reconocidos del Valle de México, actualmente se encuentran en medio de una controversia relacionada con el pago de energía eléctrica. De acuerdo con una denuncia ciudadana, el conjunto escultórico acumula un adeudo histórico de al menos 7 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
El caso fue expuesto por Galo Ricardo Blanco Quintanilla, integrante de la organización Fomento Cultural Torres de Satélite, quien aseguró que desde hace aproximadamente cinco años la CFE envía recibos relacionados con el consumo eléctrico del monumento a un inmueble de su propiedad ubicado en Lomas Verdes, Naucalpan. Según explicó, debido a que en ese edificio opera un museo dedicado a las Torres de Satélite, la dirección aparece vinculada a los cobros, pese a que el conjunto escultórico se localiza en los carriles centrales del Periférico Norte.
Blanco Quintanilla afirmó que el adeudo acumulado ya supera los 7 millones de pesos y que, al negarse a cubrir una deuda que considera ajena, personal de la CFE ha suspendido en diversas ocasiones el suministro eléctrico de su inmueble. El ciudadano sostiene que la responsabilidad del monumento corresponde al Gobierno del Estado de México, derivado de disposiciones legales emitidas años atrás.
La controversia resulta llamativa porque las Torres de Satélite ya habían enfrentado problemas similares en años anteriores. En 2025, el gobierno de Naucalpan informó haber cubierto un adeudo superior a 2 millones de pesos para recuperar la iluminación nocturna del monumento, considerado uno de los principales íconos arquitectónicos del Estado de México.
Diseñadas en 1957 por el arquitecto Luis Barragán y el escultor Mathias Goeritz, las Torres de Satélite son reconocidas como una de las obras más representativas del urbanismo moderno en México. Su mantenimiento y conservación han sido motivo de debate constante entre autoridades, organizaciones civiles y especialistas en patrimonio cultural.
Mientras tanto, el conflicto continúa sin resolverse y mantiene abierto el debate sobre quién debe asumir los costos de operación y mantenimiento de uno de los monumentos más emblemáticos del país.