La iniciativa impulsada por el Gobierno de México pretende reducir intermediarios, fortalecer la planeación agrícola y garantizar precios más accesibles para las familias mexicanas.
El jitomate es uno de los productos más importantes en la alimentación de las familias mexicanas y una fuente de ingresos fundamental para miles de productores del país. Sin embargo, factores como la especulación, las condiciones climáticas adversas, la presencia de plagas y las variaciones en la producción han provocado fluctuaciones en los precios que afectan tanto al campo como a los consumidores.
Ante este panorama, el Gobierno de México presentó el Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto y Comercialización y Precio Justo del Jitomate, una estrategia que busca fortalecer la cadena productiva y reducir la participación de intermediarios entre quienes producen y quienes venden el alimento.
«Lo que estamos buscando es disminuir esos intermediarios, que haya un acuerdo directo entre el productor y el que vende el jitomate, sea central de abasto o tienda de autoservicio», afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al explicar los objetivos de la iniciativa.
Como parte de este esfuerzo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural pondrá en marcha una plataforma digital que permitirá vincular la capacidad de producción con la demanda nacional y los compromisos de exportación. La herramienta facilitará una mejor planeación de siembras y contribuirá a evitar problemas de sobreoferta o escasez en determinadas temporadas.
La estrategia contempla la participación de productores, centrales de abasto, tiendas de autoservicio, proveedores y dependencias federales, con el objetivo de construir una cadena de comercialización más eficiente y transparente.
Los productores que se incorporen al sistema podrán acceder a información para planificar mejor sus cultivos, recibir asistencia técnica y fortalecer la vinculación comercial con compradores. Por su parte, los centros de distribución y establecimientos comerciales trabajarán en mecanismos que permitan disminuir costos logísticos y generar condiciones más favorables para el campo mexicano.
Además, dependencias como la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), FIRA, Senasica e INIFAP participarán en acciones relacionadas con financiamiento, vigilancia de precios, sanidad vegetal e investigación agrícola.
El acuerdo tendrá un impacto significativo en el sector, ya que beneficiará a más de 12 mil productores que cultivan alrededor de 50 mil hectáreas de jitomate en el país. De acuerdo con datos oficiales, la producción nacional supera los 3.7 millones de toneladas anuales, de las cuales aproximadamente la mitad se destina a mercados internacionales.
Con esta estrategia, las autoridades buscan fortalecer la economía rural, proteger el poder adquisitivo de las familias y garantizar que uno de los productos más representativos de la cocina mexicana mantenga precios accesibles y una distribución eficiente en todo el país.