La Sedatu impulsa acciones para aumentar la participación de las mujeres en la propiedad social y en la toma de decisiones dentro de ejidos y comunidades.
El reconocimiento de los derechos agrarios de las mujeres continúa avanzando en México. De octubre de 2024 a la fecha, 50 mil mujeres agrarias han recibido certificados y títulos que les brindan certeza jurídica sobre sus tierras, informó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
La dependencia señaló que las mujeres campesinas, ejidatarias y comuneras forman parte de las prioridades del Gobierno de México, debido a la importancia de fortalecer su participación en la propiedad social y en los espacios donde se toman decisiones dentro de sus comunidades.
De acuerdo con Gabriela Rangel Faz, directora general para la Igualdad de Género en la Propiedad Social de la Sedatu, la participación de las mujeres como titulares de tierras ha registrado un crecimiento importante durante las últimas décadas.
Cuando las mujeres pudieron comenzar a ser reconocidas como ejidatarias o comuneras, en 1971, únicamente representaban alrededor del 1 por ciento de las personas propietarias. Actualmente, la proporción alcanza el 28 por ciento.
De los aproximadamente 5.2 millones de sujetos agrarios con derechos, alrededor de 1.5 millones son mujeres. La meta planteada es que al finalizar el actual sexenio se sumen al menos 250 mil mujeres más como titulares de sus tierras.
“Las mujeres llegan a ser titulares de la tierra cuando tienen 60 años o más”.
La Sedatu desarrolla una estrategia integral conformada por 10 acciones para fortalecer la igualdad de género en el sector agrario. Entre sus objetivos está transformar prácticas sociales, usos y costumbres, así como sistemas normativos y tradiciones que históricamente han dificultado que las mujeres puedan acceder a la propiedad de la tierra.
Una de las principales líneas de trabajo consiste en fortalecer la participación de las mujeres mediante las Redes Locales de Mujeres y el impulso a liderazgos femeninos dentro de los núcleos agrarios y comisariados.
También se desarrolla una campaña nacional de información sobre los derechos agrarios y humanos de las mujeres, además de programas de formación y un Consejo Consultivo para la Igualdad de Género en la Propiedad Social.
Estas acciones buscan prevenir situaciones como la violencia patrimonial, que puede presentarse cuando las mujeres son despojadas de sus tierras o enfrentan obstáculos para ejercer plenamente sus derechos.
Durante los últimos dos años se realizaron 110 talleres en ejidos y comunidades, en los que fueron capacitadas 1,226 mujeres y 1,337 hombres.
Otra de las medidas busca impulsar el relevo generacional en la titularidad de la tierra, permitiendo que las personas propietarias puedan ceder sus derechos a sus hijos e hijas jóvenes antes de llegar al proceso de herencia.
Asimismo, se trabaja en el fortalecimiento de la Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, figura reconocida en la Ley Agraria que puede utilizarse para desarrollar proyectos productivos de carácter social.
La Sedatu también lleva a cabo las Caravanas para Mujeres en la Propiedad Social, mediante las cuales se acercan servicios y asesorías a comunidades rurales. En estos espacios, las mujeres pueden realizar trámites relacionados con certificados parcelarios y regularización de tierras, además de recibir orientación agraria, jurídica, financiera, psicosocial, psicológica y de trabajo social.
Hasta ahora se han realizado 202 caravanas como parte de esta estrategia.
El trabajo también incluye la capacitación de personas servidoras públicas para mejorar la atención a las mujeres con perspectiva de género e interculturalidad. A esto se suma la actualización de programas de formación relacionados con el desarrollo agrario.
Finalmente, la estrategia de Atención al Rezago de Expedientes de Mujeres busca agilizar la resolución de trámites pendientes y permitir la inscripción de sentencias que beneficien a las mujeres.
De manera paralela, instituciones como el Tribunal Superior Agrario, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional participan en jornadas de justicia agraria itinerante, con atención directamente en los territorios.
Con estas acciones, el Gobierno de México busca ampliar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y fortalecer su participación en la vida comunitaria y en los espacios de toma de decisiones del sector agrario.