La titular de la Semarnat destacó que México prepara su Plan Nacional de Adaptación para identificar riesgos climáticos por territorio, fortalecer la prevención y proteger a las comunidades más vulnerables.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, llamó a transformar el modelo de desarrollo económico de México para enfrentar la crisis climática, reducir las desigualdades sociales y colocar la conservación y restauración de los ecosistemas en el centro de las decisiones públicas.
Durante la conferencia magistral Justicia climática y ambiental, impartida en la Universidad Iberoamericana, la funcionaria señaló que la protección del patrimonio natural es fundamental para la economía y el bienestar de la población. Asimismo, subrayó que las políticas ambientales deben considerar las necesidades de las comunidades más vulnerables y garantizar que la transición hacia un modelo sostenible sea justa.
La conferencia formó parte de la cuarta sesión del Seminario Interinstitucional La justicia constitucional de México frente a los desafíos de la transformación del país, convocado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad Iberoamericana.
México prepara su Plan Nacional de Adaptación
Uno de los principales anuncios fue la preparación del Plan Nacional de Adaptación, que México prevé presentar en la COP31. La iniciativa busca acercar el conocimiento científico a la ciudadanía para que las personas puedan identificar los riesgos climáticos de sus municipios y participar en la construcción de soluciones.
De acuerdo con Bárcena, el plan contempla una plataforma interactiva y georreferenciada que permitirá consultar información sobre las condiciones y amenazas ambientales de cada territorio.
Entre los aspectos que se busca identificar están las posibles afectaciones relacionadas con la disponibilidad de agua, los cambios de temperatura y las actividades productivas. La información permitirá fortalecer la prevención y mejorar la preparación de las comunidades frente a los efectos del cambio climático.
La secretaria destacó que la adaptación requiere la colaboración de instituciones públicas, sectores productivos, universidades y comunidades, además de recursos económicos que permitan convertir los planes en acciones concretas.
Justicia climática para reducir las desigualdades
Bárcena advirtió que el cambio climático afecta de manera desigual a la población. Mientras los países en desarrollo enfrentan una alta vulnerabilidad pese a su menor contribución histórica a las emisiones, dentro de México las comunidades en condiciones de pobreza suelen enfrentar mayores dificultades para responder a los impactos ambientales.
En ese contexto, señaló la importancia de que los países desarrollados aporten financiamiento para apoyar una transición justa y atender las pérdidas y los daños asociados con la crisis climática.
La funcionaria también planteó que el patrimonio natural debe considerarse una base esencial del desarrollo nacional y que las actividades económicas necesitan incorporar criterios de protección ambiental.
Impuestos ambientales para conservar y restaurar ecosistemas
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de revisar y homologar los impuestos ambientales estatales para que los recursos recaudados contribuyan directamente a resolver los problemas que justifican su cobro.
La propuesta contempla trabajar con los gobiernos estatales para orientar esos ingresos hacia proyectos de conservación y restauración de ecosistemas, de manera que la recaudación tenga beneficios ambientales concretos.
Asimismo, Bárcena destacó el pago por servicios ambientales como una herramienta para reconocer el trabajo de ejidos y comunidades que protegen bosques y selvas.
Este mecanismo busca que la conservación se acompañe de alternativas económicas y proyectos productivos que permitan a las comunidades mejorar sus condiciones de vida sin abandonar la protección de sus territorios.
México mantiene metas para reducir emisiones
En materia de mitigación, la titular de la Semarnat recordó el compromiso de México de reducir 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030.
Para avanzar en ese objetivo, destacó la importancia de establecer metas concretas con los distintos sectores, impulsar las energías renovables, promover la electromovilidad y fortalecer la economía circular para reducir residuos y emisiones de metano.
También informó sobre acciones de conservación y restauración, entre ellas la recuperación de 306 mil hectáreas de concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas y el compromiso de restaurar alrededor de 59 mil hectáreas distribuidas en 76 sitios prioritarios terrestres y acuáticos.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos señalados por la dependencia para fortalecer la protección de los ecosistemas y avanzar hacia un modelo de desarrollo con mayor responsabilidad ambiental.
Justicia ambiental y participación ciudadana
Finalmente, Bárcena convocó a fortalecer la participación del Poder Judicial para garantizar el acceso efectivo a la justicia ambiental.
También resaltó la importancia del Acuerdo de Escazú, instrumento regional que promueve el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia, además de contemplar la protección de las personas defensoras del medio ambiente.
La funcionaria sostuvo que enfrentar la crisis climática requiere coordinación entre las autoridades, la sociedad y los sectores económicos, así como políticas que vinculen la protección ambiental con la reducción de las desigualdades.
La propuesta de la Semarnat busca colocar la justicia climática, la adaptación y la restauración ecológica como ejes de un modelo de desarrollo que proteja tanto a las comunidades como al patrimonio natural de México.