Autoridades destacan la importancia de combatir las capturas irregulares, apoyar a las comunidades pesqueras y preservar los recursos marinos para las futuras generaciones.
La pesca representa una de las actividades más importantes para la alimentación, la economía y el desarrollo de miles de comunidades costeras en México. Sin embargo, este sector enfrenta un desafío constante: la pesca ilegal, una práctica que pone en riesgo los ecosistemas marinos, afecta a los productores que cumplen con la ley y compromete la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones.
En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó la necesidad de fortalecer las acciones de vigilancia, regulación y concientización para proteger la riqueza pesquera del país.
«La pesca ilegal es una forma de corrupción que le roba al pueblo», señaló la dependencia al referirse a los impactos sociales, económicos y ambientales que provoca esta actividad en distintas regiones del mundo.
De acuerdo con datos difundidos por organismos internacionales, aproximadamente uno de cada cinco peces capturados a nivel global proviene de actividades ilegales. Además, este fenómeno contribuye a la sobreexplotación de numerosas especies y genera pérdidas económicas para miles de familias que dependen legalmente de la pesca como fuente de ingresos.
Ante este panorama, el Gobierno de México mantiene una estrategia enfocada en reforzar la vigilancia marítima, mejorar la aplicación de las normas pesqueras y garantizar condiciones justas para quienes desarrollan esta actividad de manera responsable.
Las autoridades también hicieron un llamado a la participación ciudadana, recordando que los consumidores pueden contribuir a la protección de los océanos mediante decisiones informadas al momento de comprar productos pesqueros.
Entre las recomendaciones se encuentran verificar el origen de los productos, privilegiar el consumo de especies nacionales y respetar las temporadas de veda, medidas que ayudan a conservar las poblaciones marinas y a fortalecer las cadenas productivas locales.
La dependencia recordó que los pescadores de pequeña escala representan cerca del 90 por ciento de la mano de obra pesquera mundial, por lo que impulsar su bienestar también significa fortalecer la seguridad alimentaria de millones de personas.
En este contexto, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) celebra además su 25 aniversario como organismo encargado de administrar, ordenar y fomentar las actividades pesqueras y acuícolas en el país.
Como parte de las políticas de apoyo al sector, el programa Bienpesca continúa otorgando recursos económicos directos a productores registrados. Actualmente, este esquema beneficia a más de 192 mil pescadores y acuacultores mediante un apoyo anual de ocho mil pesos, contribuyendo al fortalecimiento de las comunidades que dependen de estas actividades.
La lucha contra la pesca ilegal no solo busca proteger especies y ecosistemas. También representa una apuesta por la soberanía alimentaria, el desarrollo sostenible y el bienestar de miles de familias mexicanas que encuentran en el mar una fuente de trabajo y sustento.