El acuerdo busca llevar ciencia, innovación y desarrollo a comunidades rurales con mayores necesidades.
El programa Sembrando Vida y el Instituto Politécnico Nacional firmaron un Convenio General de Colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo rural, la organización comunitaria y proyectos con enfoque socioambiental en distintas regiones del país.
Este acuerdo, establecido en coordinación con la Secretaría de Bienestar, sienta las bases para la implementación de iniciativas conjuntas en áreas como beneficios ecosistémicos, actividades académicas, culturales y acciones de vinculación que fortalezcan el bienestar de las comunidades.
La firma del convenio estuvo encabezada por el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, y la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, quienes coincidieron en la importancia de acercar el conocimiento científico a las zonas rurales con mayores niveles de marginación.
Durante el acto, se destacó que este tipo de alianzas permite traducir la investigación y la innovación en herramientas concretas para mejorar la productividad del campo y la calidad de vida de las comunidades.
“Sembrando Vida trabaja con personas de los municipios y las comunidades más pobres de México… por eso es un gran paso firmar con el Politécnico, una gran casa de estudios que será de gran ayuda para el campo mexicano”, señaló Columba Jazmín López Gutiérrez.
Por su parte, Arturo Reyes Sandoval subrayó el compromiso del IPN como una institución al servicio del país, enfocada en contribuir al desarrollo social y económico mediante la aplicación del conocimiento científico y tecnológico.
El convenio contempla el aprovechamiento de recursos humanos, técnicos y financieros de ambas instituciones para desarrollar proyectos que atiendan problemáticas estructurales del campo, como la pobreza rural y la falta de oportunidades productivas.
Además, se establece que las acciones específicas se definirán posteriormente mediante acuerdos particulares, en los que se detallarán objetivos, recursos, calendarios y mecanismos de evaluación, garantizando así una implementación ordenada y eficiente.
Con una vigencia de tres años, este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer la relación entre el sector académico y las políticas públicas, promoviendo soluciones sostenibles que impulsen el desarrollo rural y la inclusión social en México.