El convenio con la Procuraduría Agraria busca reconocer derechos agrarios, regularizar parcelas y fortalecer la inclusión productiva femenina en comunidades rurales.
La Secretaría de Bienestar y la Procuraduría Agraria firmaron un Convenio Marco de Colaboración con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre la tierra a mujeres campesinas en las regiones donde opera el programa Sembrando Vida.
La estrategia tendrá impacto en 8 mil 786 núcleos agrarios del país y busca facilitar asesoría legal, acreditación de derechos, resolución de conflictos agrarios y acompañamiento en procesos de sucesión.
Uno de los principales objetivos es avanzar en el reconocimiento de mujeres como titulares de derechos agrarios dentro de ejidos y comunidades, donde históricamente su participación ha enfrentado barreras legales y sociales.
Actualmente, solo 28 por ciento de la propiedad agraria en México está en manos de mujeres, cifra que refleja los retos pendientes en materia de igualdad patrimonial y acceso a la tierra.
La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, afirmó que “la libertad de las mujeres pasa necesariamente por el acceso al patrimonio”.
Explicó que muchas beneficiarias de Sembrando Vida trabajan parcelas mediante acuerdos informales o esquemas de usufructo, situación que en ocasiones genera incertidumbre sobre la continuidad de sus actividades productivas.
Con este convenio, se abre una vía para regularizar esos casos mediante conciliación, acuerdos de asamblea y registro legal, otorgando mayor seguridad a las trabajadoras del campo.
Por su parte, el procurador agrario Víctor Suárez Carrera destacó que el acuerdo fortalecerá la segunda etapa del programa desde el territorio y permitirá impulsar la participación plena de las mujeres en los núcleos agrarios.
También señaló la posibilidad de que los Centros de Atención Agraria funcionen como puntos de distribución de productos, promoviendo circuitos de consumo local entre comunidades campesinas.
Además del impacto económico, el convenio reconoce la relevancia de la propiedad social de la tierra, que representa más de la mitad del territorio nacional y es base de organización, identidad y producción en miles de comunidades rurales.