El decreto firmado por Claudia Sheinbaum contempla nuevas reglas para contrataciones, auditorías y empresas filiales de Pemex y CFE.
El Gobierno de México implementará nuevas medidas para ampliar el acceso de la ciudadanía a la información pública. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto que establece acciones para fortalecer la transparencia de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Uno de los principales cambios será la publicación mensual de los contratos públicos, además de la incorporación de nueva información a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Durante la conferencia matutina, Sheinbaum explicó que el objetivo es establecer reglas más claras sobre qué información debe hacerse pública y evitar que la decisión dependa exclusivamente de un funcionario.
“Cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”.
La mandataria señaló que existen casos específicos en los que determinada información puede mantenerse reservada, principalmente cuando está relacionada con procedimientos administrativos o judiciales en curso o con asuntos de seguridad nacional. Sin embargo, el decreto busca establecer criterios específicos para determinar cuándo procede una reserva.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que las nuevas disposiciones también contemplan la publicación de información adicional que pueda resultar de interés para la ciudadanía, incluso cuando no exista una obligación legal específica de difundirla.
Como parte de estas acciones, la Plataforma Nacional de Transparencia será fortalecida con nuevas herramientas para consultar y descargar información. También se contempla incorporar formatos más accesibles y ampliar los contenidos disponibles.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la implementación de las nuevas herramientas permitirá que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorpore información adicional de interés público.
Cuatro áreas principales
El decreto concentra sus acciones en cuatro ámbitos considerados prioritarios para mejorar la transparencia gubernamental.
Contrataciones públicas: los contratos celebrados por las instituciones deberán publicarse mensualmente, con el propósito de facilitar el seguimiento ciudadano del uso de los recursos públicos.
Filiales de Pemex y CFE: se difundirá información relacionada con informes presentados ante agencias extranjeras, estados financieros, estructuras de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.
Fiscalización y auditorías: se incorporarán datos adicionales sobre los programas de fiscalización, el estado que guardan las auditorías, el seguimiento de observaciones realizadas por órganos internos de control y la información relacionada con despachos de auditoría externa.
Coordinación con otros gobiernos y poderes: se buscará que estados y municipios, así como los otros poderes de la Unión, adopten medidas que permitan mejorar la oportunidad y transparencia de la información pública.
Otro de los cambios previstos consiste en simplificar las 17 reservas relacionadas con asuntos de interés público y seguridad nacional. La intención es que, cuando sea posible, la información reservada pueda difundirse mediante versiones públicas, en lugar de mantenerla completamente fuera del alcance ciudadano.
Las medidas anunciadas se integrarán además con otras propuestas que actualmente son trabajadas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para la elaboración de modificaciones a la Ley General de Transparencia.
Con estas acciones, el Gobierno de México busca ampliar la cantidad de información disponible para la población y establecer mecanismos que permitan consultar con mayor facilidad cómo se ejercen los recursos públicos y cómo funcionan las instituciones federales.