Autoridades estadounidenses informaron que lograron desarticular un presunto plan para atacar el evento UFC Freedom 250, celebrado el pasado 14 de junio en los jardines de la Casa Blanca
De acuerdo con el FBI y el Departamento de Justicia, cinco personas fueron detenidas en distintos estados del país tras ser señaladas de participar en una conspiración que contemplaba el uso de drones cargados con explosivos, armas de fuego y francotiradores para provocar un ataque masivo durante el evento.
Las investigaciones indican que los sospechosos pretendían utilizar drones para impactar edificios cercanos a la Casa Blanca y generar una evacuación caótica. Posteriormente, según la acusación federal, grupos armados atacarían a los asistentes mientras intentaban abandonar la zona. También se investigan planes para forzar accesos al complejo presidencial en una segunda fase del ataque.
El director del FBI, Kash Patel, explicó que la amenaza fue detectada el 10 de junio gracias a una denuncia que alertó a las autoridades sobre conversaciones sospechosas en plataformas digitales y grupos de mensajería cifrada. La información permitió desplegar un operativo coordinado entre el FBI, el Servicio Secreto y otras agencias federales.
Entre los detenidos figura Tycen Proper, de 19 años, señalado por los investigadores como uno de los participantes más activos en la planificación. Según documentos judiciales, el grupo discutía la posibilidad de iniciar una especie de «revolución» mediante un ataque de alto impacto contra figuras gubernamentales y asistentes al evento.
Las autoridades aseguran que la red investigada podría estar integrada por más de veinte personas distribuidas en varios estados. Hasta el momento se han presentado cargos por conspiración, intento de homicidio y delitos relacionados con armas de fuego, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más implicados.
La revelación del presunto complot ha generado un intenso debate en Estados Unidos sobre la seguridad de eventos masivos vinculados a figuras políticas de alto perfil y sobre el uso de redes sociales y plataformas cifradas para la organización de actos extremistas