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Es gracias a una estrategia que incluye reformas a la Constitución Política local y al Código Penal capitalino; operativos frecuentes, y apoyo a sectores involucrados.
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A nombre de la bancada de Morena en el Congreso capitalino, los diputados Carlos Mirón y Xóchitl Bravo resaltaron la importancia de estas acciones.
Como nunca antes, el Gobierno de la Ciudad de México ha logrado avanzar en el combate a la tala ilegal de árboles y los aserraderos clandestinos, gracias al diseño de una estrategia que incluye reformas a la Constitución Política local y al Código Penal capitalino; constantes operativos, y el apoyo a los sectores involucrados, coincidieron los diputados Carlos Mirón y Xóchitl Bravo Espinosa.
Ambos resaltaron la importancia de que el Congreso local aprobó, cada una en su momento, las iniciativas enviadas por la entonces Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, sobre la reforma constitucional para proteger el suelo de conservación, y el actual Mandatario capitalino, Martí Batres, para castigar con penas más severas la tala ilegal.
“Es vertebrar toda una estrategia para seguir preservando el suelo que da servicios ambientales a la Ciudad de México. (…) Si ya tenemos un uso de suelo de conservación y se suma el agravar el delito de tala, se conforma una estrategia, porque se trata de iniciativa vertebradas encaminadas a atender una solicitud histórica, que no se podía haber atendido en otros gobiernos capitalinos”, puntualizó el primero.
A nombre del Grupo Parlamentario de Morena, Carlos Mirón precisó que dicha estrategia comenzó con la iniciativa impulsada por la ahora exmandataria, para reclasificar el suelo en urbano y de conservación, y eliminar el concepto “suelo rural”, que había quedado establecido en el Artículo 16 de la Carta Magna de la CDMX promulgada en 2017.
Detalló que esta reforma constitucional fue avalada por el Pleno Legislativo, el pasado 21 de julio, la cual además asigna recursos presupuestales al suelo de conservación, con la finalidad de promover la compensación o el pago por servicios ambientales, así como protegerlo de ocupaciones irregulares.
Con relación a la segunda propuesta, explicó que el Congreso capitalino aprobó la modificación del Artículo 345 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, para endurecer las penas contra la tala ilegal y deforestación en áreas naturales protegidas y de valor ambiental, así como barrancos.
“El Jefe de Gobierno, Martí Batres, mandó una iniciativa para agravar el delito de tala. Y no solamente ésta, sino todos los elementos que forman parte inherente a la tala, como el resguardo, el acopio, el traslado y la modificación de la madera, entre otros factores. Ahora se aplicará un castigo de 6 a 20 años de prisión y una multa de 6 mil a 10 mil UMA (Unidad de Medida Actualizada), a quien tale un árbol. También tendrá la misma pena de prisión y una sanción de 10 mil a 15 mil UMA a quien comercie y adquiera madera ilegal”.
El diputado Carlos Mirón aseveró que si bien estas legislaciones son la base para combatir la tala y aserraderos ilegales, se requieren operativos con la participación de diversas instancias, los cuales se han intensificado en este Gobierno de la CDMX.
“El tercer elemento fundamental de esta estrategia son los operativos impulsados desde el Gobierno capitalino, con la participación de la Secretaría del Medio Ambiente; la Secretaría de Seguridad Ciudadana; la Guardia Nacional; el Ejército y la Marina. Este esfuerzo conjunto es para detectar aserraderos clandestinos y ejecutar directamente la acción judicial en contra de éstos, más allá de su aseguramiento, lo que incluye la obtención de diversos materiales forestales ilegales”, recalcó.
Por su parte, la diputada Xóchitl Bravo resaltó que gracias a los operativos contra los talamontes, particularmente en la zona boscosa de la Alcaldía Tlalpan, se clausuraron 13 aserraderos clandestinos, del 6 de julio al 1 de agosto de este año. Agregó que también se lograron recuperar 1 mil 364 troncos; 4 mil 393 polines; 2 mil 12 tablas; 1 mil 230 trozas de madera, y 2 mil 625 piezas de madera en escuadría.
En ese contexto, informó que ha sostenido reuniones con organizaciones de establecimientos mercantiles que se dedican a la venta de madera y la elaboración de muebles con este material, para abordar la importancia de acabar con esta problemática.
“Me queda claro que no todas las madererías están surtidas por aserraderos clandestinos. Incluso sus dueños me han dicho que están a favor de las acciones de gobierno para combatir la tala ilegal, porque a ellos mismos les afecta, debido a que no hay una competencia igualitaria. Esto porque hay locales que adquieren más barata la madera en los aserraderos ilegales”, expuso.
Comentó que hay familias tienen muchos años con sus madererías, pero que están preocupadas porque el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) colocó sellos de suspensión de actividades en varias, lo que afecta su economía y las fuentes de empleo.
Bravo Espinosa señaló que, derivado de esta situación, integrantes de la Confederación de Madererías de la Ciudad de México, le plantearon la posibilidad de sostener un encuentro con el Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz.
“Recientemente, tuvimos un acercamiento con el Secretario de Gobierno e instalamos una mesa de trabajo con los madereros y dicha confederación, para crear lineamientos para que puedan trabajar y cumplan con la normatividad, pues muchos de ellos no sabían los requisitos que deben cumplir. En esta tarea participarán las secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Vivienda, entre otras dependencias”, concluyó.