• El Congreso CDMX aprobó una propuesta de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa dirigida a los titulares de las 16 demarcaciones en ese sentido.
• La también Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana pidió que se tomen en cuentan las necesidades de los habitantes.
El Congreso de la Ciudad de México exigió a todas las alcaldías capitalinas que no dictaminen los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 y 2024 para sus propios intereses, sino que tomen en cuenta las necesidades de los ciudadanos. Esto luego de que el Pleno aprobó una propuesta de la diputada Xóchitl Bravo Espinosa.
La Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD) presentó un Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, que fue avalado por la mayoría de los legisladores locales durante la Sesión Ordinaria de este martes.
En su texto, señala que una queja reiterada de los ciudadanos es que los órganos dictaminadores avalan proyectos que son de interés para la alcaldía y no para la ciudadanía, rompiendo con ello la letra y espíritu de la ley, así como los principios que deben regir a los servidores públicos.
“Exhortamos a las 16 alcaldías a que más allá de visualizar intereses políticos o partidarios, se les pueda dictaminar a los promoventes con responsabilidad y objetividad”, puntualizó.
La también Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana lamentó que en las capacitaciones que realizó esa instancia en las 16 alcaldías sobre este tema, los participantes dieron a conocer diversas inconsistencias en la dictaminación que hacen las alcaldías.
“El Artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana es claro: de las erogaciones totales del presupuesto que se destina a las 16 alcaldías, el 10 por ciento puede ser ejecutado en el Capítulo 4000. Sin embargo, en las alcaldías los proyectos son dictaminados como no viables”, reclamó.
Desde la tribuna, hizo un llamado a los titulares de las 16 alcaldías para que, a través de los órganos dictaminadores de los proyectos de Presupuesto Participativo, lleven a cabo el proceso con estricto apego a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y la Ley de Participación Ciudadana.
“Los ciudadanos deben conocer que el Presupuesto Participativo es un recurso que nos pertenece a todas y todos, y que son ellos mismos los encargados de vigilar su correcta administración, ya que está destinado para el bien y mejoramiento de nuestras comunidades”, aseveró.
Explicó que la Ley de Participación Ciudadana local establece que el Presupuesto Participativo es un instrumento para que los capitalinos ejerzan su derecho para decidir en qué deben aplicarse los recursos para el mejoramiento de sus unidades habitacionales, colonias, barrios y pueblos.
Bravo Espinosa destacó que en el tercer resolutivo de su Punto de Acuerdo hace un llamado a las alcaldías para que no impulsen proyectos del Presupuesto Participativo que busquen sustituir las acciones de gobierno o las responsabilidades que les competen como gobierno
Insistió en que la viabilidad o inviabilidad de los proyectos dictaminados para el Presupuesto Participativo de este año y el próximo debe realizarse de manera transparente para tener credibilidad y dar confianza a los habitantes de este metrópoli.
“Resulta fundamental garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia, uso del presupuesto y la rendición de cuentas en los proyectos del Presupuesto Participativo 2023 y 2024 que se están dictaminado por los órganos respectivos en todas las alcaldías, los cuales deben respetar los derechos de los ciudadanos”.
En ese contexto, detalló que del 10 al 23 de febrero la Comisión que preside realizó foros de capacitación en materia de consulta del Presupuesto Participativo 2023 y 2024, y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOS) en todas las alcaldías.
“Una de las mayores incertidumbres ciudadanas se basa en la incorrecta dictaminación de los proyectos para el Presupuesto Participativo 2022, referentes al capítulo 4000, establecidos en el Artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana, ya que las alcaldías tomaban un criterio basado en el 10 por ciento por unidad territorial y no en la totalidad del monto asignado para el Presupuesto Participativo”.
Señaló que un tercer resolutivo de su Punto de Acuerdo busca que las alcaldías no impulsen proyectos del Presupuesto Participativo para suplir acciones que les competen como gobierno.
“Es importante que se enfoquen en proyectos independientes que optimicen el entorno de las unidades territoriales de su respectiva demarcación”, concluyó la legisladora de Tlalpan.
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