• Estudios destacan que 32% de las mujeres y 19% de los hombres son víctimas de esta práctica
• La pena se incrementará en dos terceras partes cuando se ponga en peligro la salud de la víctima
La violencia sexual se presenta en diferentes formas y el «stealthing», hoy se comienza a visibilizar como una práctica donde las mujeres son las principales víctimas, toda vez que son ellas quienes sufren las mayores consecuencias de un retiro del preservativo sin consentimiento durante el acto sexual.
La coordinadora de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, Elizabeth Mateos Hernández, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México, una propuesta legislativa para que el «stealthing» (práctica sexual en la cual una de las personas implicadas se retira el preservativo sin el consentimiento de la pareja) sea castigado hasta con 4 años a quien quite el condón sin consentimiento durante el acto sexual.
Esta agresión daña la autonomía, la confianza y la intimidad con consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Además del peligro a enfermedades sexuales, también se encuentra el riesgo de embarazo, expresó la legisladora por Iztacalco.
Elizabeth Mateos expuso que, de acuerdo al estudio realizado por la Universidad de Monash en Australia, en 2018, 32% de las mujeres y 19% de los hombres encuestados han sido víctimas de esta práctica.
La propuesta presentada por la legisladora contempla la adición de un nuevo tipo penal el cual se denominará «abuso de confianza sexual» y será cometido por aquellos individuos que, durante una cópula consentida, retiren algún método anticonceptivo previamente acordado sin el consentimiento de la otra persona.
Es fundamental destacar que la pena se incrementará en dos terceras partes cuando se ponga en peligro la salud de la víctima, en el caso de enfermedades de transmisión sexual o bien cuando con motivo de dicho acto, el resultado sea un embarazo, afirmó.
El delito -destacó- se perseguirá por querella, es decir, solo se procederá con la denuncia de la víctima, respetando la autonomía de la persona afectada, además de evitar la revictimización.
Nuestra tarea como servidores públicos es garantizar, sin importar su edad o género, tengan la seguridad de que su consentimiento será respetado en todo momento. Esta iniciativa representa un paso transcendental en la protección de la libertad sexual y el consentimiento en nuestras relaciones, enfatizó.