El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un dictamen con punto de acuerdo, suscrito por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a determinar e iniciar, en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo procedente, una auditoría integral sobre los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León
El dictamen, aprobado durante la sesión del 19 de agosto de 2026, plantea revisar de manera particular los contratos de prestación de servicios y la ejecución de obra pública financiados total o parcialmente con aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otras transferencias federales durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
De acuerdo con el documento, la contratación de servicios y la ejecución de obra pública son áreas sensibles ante posibles irregularidades, como adjudicaciones injustificadas, sobrecostos, servicios no prestados, obras inconclusas, conflictos de interés y transferencias a terceros.
Por ello, el exhorto solicita que una eventual revisión examine aspectos como los contratos, pagos, transferencias, subcontrataciones, empresas relacionadas, servicios efectivamente prestados y el destino final de los recursos federales.
El documento también recoge señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras del gobierno estatal y sociedades vinculadas con personas cercanas al mandatario. Asimismo, refiere que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría destinado más de 81 millones de pesos a una campaña de comunicación en redes sociales a través de una empresa que, al mismo tiempo, habría sido proveedora del Gobierno de Nuevo León.
Entre los acuerdos aprobados, la Comisión Permanente exhortó a la ASF a realizar, de considerarlo procedente, una auditoría integral con especial énfasis en los contratos de prestación de servicios y obras públicas ante la existencia de presuntos sobrecostos.
Además, se solicita que, tras realizar el análisis de los recursos financieros federales otorgados al estado, la Auditoría Superior de la Federación deslinde responsabilidades o, en su caso, promueva las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.