El titular de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), Ricardo Ruiz Suárez, entregó la Iniciativa, suscrita por el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, a la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, que propone reformar el Código Penal para el Distrito Federal, a fin de tipificar el delito de corrupción inmobiliaria y establecer las sanciones correspondientes para los servidores públicos que participen en esa práctica ilegal.
A nombre del Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, el funcionario acudió este miércoles a las oficinas de la Mesa Directiva, ubicadas en Donceles, en el Centro Histórico, donde el documento fue recibido formalmente por el Secretario Técnico de ese órgano de gobierno del Congreso capitalino.
Ruiz Suárez expresó que es una exigencia de la ciudadanía establecer sanciones claras a quienes incurran en esta práctica que afecta la vida de los habitantes de la capital, por lo que “esperamos que el Congreso discuta la propuesta de manera rápida y que tome en consideración los elementos para, en su caso, aprobarla”, señaló.
Explicó que la iniciativa del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, presentada esta mañana, pretende agregar el Capítulo XV y un Artículo 276 Quater al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de incluir el tipo penal específico de Corrupción Inmobiliaria.
Asimismo, para establecer sanciones que van de 10 a 20 años de prisión, para aquellos servidores públicos que permitan por acción, omisión o tolerancia la construcción de inmuebles o de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.
Por último, el Secretario de Gobierno precisó que esas penas se incrementarían en una mitad más, cuando el funcionario obtenga algún beneficio económico, en efectivo o en especie, ya sea entregado al mismo servidor público o a su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, o cualquier tercero con el que se tengan vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa.
El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para contar con más herramientas jurídicas que permitan combatir y erradicar la corrupción inmobiliaria, una práctica que daña el sano desarrollo urbano de la capital y que genera impactos sociales negativos, como el encarecimiento de la vivienda, especulación con los costos del suelo, en la distribución de agua y riesgos en materia de Protección Civil.