La alcaldesa Nancy Núñez señaló presuntas irregularidades en contratos celebrados durante 2024, entre ellos servicios culturales y asesorías; el órgano de control interno deberá investigar las observaciones.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó observaciones por más de 46 millones de pesos relacionadas con contratos de la administración anterior de Azcapotzalco, encabezada por la panista Margarita Saldaña. Así lo informó la actual alcaldesa, Nancy Núñez, durante una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México.
De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria, el órgano fiscalizador entregó un pliego de observaciones para que el Órgano Interno de Control inicie las investigaciones correspondientes contra exfuncionarios de la demarcación. Las observaciones están relacionadas con recursos ejercidos durante 2024, cuya aplicación no habría podido acreditarse ante la auditoría.
Señalan contratos sin comprobar durante 2024
Durante su participación, Núñez mencionó diversos contratos que, según explicó, presentan irregularidades y que involucran a Alejandro Méndez, quien actualmente ocupa el cargo de subdirector en la alcaldía Miguel Hidalgo.
Entre los casos expuestos se encuentra un contrato por más de 1.6 millones de pesos con la empresa Producciones Tú Sabe S.A., destinado a un servicio integral de actividades culturales. Según la información presentada, la auditoría tampoco pudo acreditar la aplicación de esos recursos.
También mencionó un contrato por 1.9 millones de pesos con la consultora Legispol, cuya factura fue firmada por Méndez.
Al referirse a la situación, la alcaldesa cuestionó que exfuncionarios señalados por estas observaciones continúen desempeñando cargos en otras administraciones.
“Está muy mal que funcionarios que no sólo no hicieron su chamba en Azcapotzalco, sino que causaron daño al erario, pues hoy se tengan contratos con otra administración”, reprochó.
Ocho empresas presentan observaciones de auditoría
La alcaldesa también señaló que alrededor de ocho empresas recibieron observaciones por parte de la ASF. Entre ellas mencionó a Gluckill S.A., que obtuvo un contrato por más de 26 millones de pesos y que, de acuerdo con Núñez, estaría relacionada con Mario, exdirector de Compras durante la administración de Margarita Saldaña.
La funcionaria calificó como irregularidades los casos expuestos y aseguró que su gobierno no cuenta con observaciones de la Auditoría. Sin embargo, será responsabilidad de las instancias de control revisar la documentación y determinar si existieron responsabilidades administrativas o posibles afectaciones a los recursos públicos.
Cuestionan las adjudicaciones directas de la administración anterior
Durante la mesa de trabajo, Nancy Núñez también presentó cifras sobre los procedimientos de contratación realizados en 2024. Afirmó que la administración de Margarita Saldaña no llevó a cabo licitaciones públicas durante ese año.
“¿Saben cuántas licitaciones públicas hizo Margarita Saldaña en 2024? Cero. Y en cambio, ella hizo contratos por adjudicación directa por 112 millones de pesos, y por adjudicación directa por comité, 190 millones de pesos”, declaró.
Estas cifras fueron expuestas por la alcaldesa ante los legisladores como parte de los señalamientos sobre el manejo presupuestal de la administración pasada.
Otros señalamientos en alcaldías de la Ciudad de México
En la misma jornada de reuniones relacionadas con la discusión del Presupuesto 2027, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, informó que la Fiscalía abrió una investigación por un presunto desvío de 31 millones de pesos durante la administración de la panista Lía Limón.
Según lo expuesto, esos recursos forman parte de un monto global de 220 millones de pesos sobre el que el gobierno anterior deberá rendir cuentas.
En el inicio de las mesas de trabajo con las alcaldías también participaron los titulares de Benito Juárez, Luis Mendoza, y de Coyoacán, Giovani Gutiérrez.
Por ahora, las observaciones relacionadas con Azcapotzalco deberán ser revisadas por las instancias correspondientes para establecer si hubo irregularidades, responsabilidades de exfuncionarios o un daño comprobado al erario.
